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Urribarri condenado, Kueider investigado, Bahl bajo la lupa por los contratos truchos y Bordet investigado por su patrimonio. Ahora se suma Marcelo Casaretto: una condenada por el fraude en ATER lo denunció penalmente y aseguró que la maniobra no podía hacerse sin conocimiento y consentimiento de la conducción.
El peronismo entrerriano vuelve a quedar sacudido por una causa judicial. Después de los escándalos y expedientes que durante los últimos años alcanzaron a algunos de sus principales dirigentes, ahora el nombre que aparece en el centro de la escena es el de Marcelo Casaretto, histórico funcionario del PJ y ex director ejecutivo de ATER.
María Estrella Martínez de Yankelevich, ex jefa del Departamento Despacho de ATER y condenada por su participación en las compensaciones impositivas fraudulentas, presentó una denuncia penal contra Casaretto y otros cinco ex directores del organismo.
La presentación apunta también contra Damián Alcides Zoff, ex director de Impuestos; César Del Castillo, ex director de Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, ex director de Informática; Federico Borra, ex director Jurídico; y Manuel Valiero, ex director de Interior.
El dato que convierte la denuncia en un giro explosivo es quién la realiza. Martínez de Yankelevich no es una observadora externa: reconoció su propia participación en la maniobra y fue condenada. Ahora decidió apuntar hacia quienes estaban por encima suyo en la estructura de ATER.
Y lo hizo directamente contra Casaretto.
La ex funcionaria sostiene que “jamás” podría haber realizado las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” del entonces titular de ATER y de las máximas autoridades del organismo.
La acusación resulta particularmente incómoda porque Casaretto había aparecido hasta ahora como quien denunció las irregularidades en 2014. Doce años después, una de las principales condenadas de aquella misma causa lo señala a él.
La Justicia deberá determinar ahora si las acusaciones tienen sustento y si corresponde avanzar penalmente contra los nuevos denunciados.
El fraude millonario que funcionó durante años dentro de ATER
La megacausa investigó un mecanismo mediante el cual se incorporaban créditos fiscales inexistentes en las cuentas de determinados contribuyentes.
Con esos créditos ficticios se cancelaban deudas impositivas reales. Los contribuyentes quedaban liberados de sus obligaciones, pero ese dinero nunca ingresaba a las arcas provinciales.
La investigación terminó abarcando operaciones realizadas entre 2004 y 2014 y acumuló tres grandes expedientes.
El perjuicio investigado fue de aproximadamente $8 millones por las maniobras correspondientes a 2004-2007; $20 millones entre 2008 y 2011; y más de $18 millones durante 2012-2014.
En total, alrededor de $46 millones de aquellos años.
Una actualización aproximada mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), calculando separadamente cada período, lleva esa cifra a unos $14.700 millones de agosto de 2026, equivalentes a aproximadamente US$9,7 millones al tipo de cambio mayorista actual.
La comparación sirve exclusivamente para dimensionar el valor actual del perjuicio investigado. No constituye una actualización judicial ni implica que Casaretto o los demás funcionarios ahora denunciados hayan sido responsabilizados por apropiarse de ese dinero.
La advertencia que, según la denunciante, Casaretto ignoró
La presentación incorpora además un episodio de 2012.
Martínez de Yankelevich asegura que un auditor y el entonces director de Interior habrían advertido a Casaretto sobre movimientos detectados en las cuentas corrientes de dos contribuyentes y sostiene que el entonces director ejecutivo hizo “caso omiso” de aquella advertencia.
También afirma que Casaretto y los directores poseían claves informáticas de nivel superior que les permitían efectuar movimientos sobre las cuentas de los contribuyentes y realizar compensaciones.
La denunciante menciona además una pericia informática sobre el sistema de ATER que, según sostiene, habría demostrado vulnerabilidades y la posibilidad de ejecutar operaciones desde una computadora haciendo aparecer que habían sido realizadas desde otra.
Y fue un paso más allá: pidió investigar la evolución patrimonial de Casaretto, de los cinco ex directores denunciados y también la de quienes ya fueron condenados.
Solicitó ser convocada para ratificar y ampliar su denuncia y explicar ante la Justicia cuál habría sido, según su versión, el papel de cada uno.
33 años entre cargos, bancas y funciones estatales
Casaretto no es un dirigente más dentro del peronismo entrerriano.
Su trayectoria estatal se remonta a comienzos de los años 90. Entre 1993 y 1995 fue director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación y luego ocupó distintos cargos en el área económica de Entre Ríos.
Entre 1997 y 1999 fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos durante la gobernación de Jorge Busti. Entre 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala y presidente del bloque del PJ.
Luego fue asesor de la Gobernación entre 2003 y 2007 y asesor de la Vicegobernación entre 2007 y 2011.
Durante la segunda gobernación de Sergio Urribarri llegó a la conducción de ATER: fue director ejecutivo entre 2011 y 2015, período que comprende parte de las maniobras investigadas.
Con Gustavo Bordet continuó dentro del Estado. Fue asesor en asuntos políticos, económicos y fiscales entre 2015 y 2017 y luego presidente del IAPV entre 2017 y 2019.
Ese año fue elegido diputado nacional por el Frente de Todos y permaneció en el Congreso hasta diciembre de 2023.
Son más de tres décadas prácticamente consecutivas ocupando cargos, bancas o funciones estatales.
Incluso después de dejar Diputados, en sectores del propio peronismo circula la versión de que Casaretto habría continuado vinculado al Estado mediante tareas de asesoramiento relacionadas con Bordet en la Cámara de Diputados y que ese vínculo se instrumentaría a nombre de un tercero. Hasta el momento no existe información pública que permita acreditar esa versión ni establecer que Casaretto perciba directa o indirectamente esos fondos.
De Urribarri a Casaretto: las causas que golpearon al PJ
La nueva denuncia aparece sobre un peronismo entrerriano que lleva años atravesado por expedientes judiciales que involucraron a algunos de sus dirigentes más importantes.
Sergio Urribarri fue condenado en el megajuicio por corrupción; Edgardo Kueider quedó involucrado en investigaciones judiciales; la megacausa de los contratos truchos abrió una segunda etapa para determinar eventuales responsabilidades políticas y puso bajo la lupa a quienes condujeron la Legislatura durante los años investigados, entre ellos Adán Bahl; y Gustavo Bordet es investigado por la Justicia en relación con su evolución patrimonial.
Las situaciones procesales son diferentes y no pueden equipararse. Pero políticamente construyen una sucesión de escándalos judiciales que atraviesa distintas generaciones del justicialismo entrerriano.
Ahora aparece Casaretto.
Y hay otro dato conocido dentro de la política provincial: su cercanía con Guillermo Michel. En distintos sectores del peronismo y del círculo político y empresario entrerriano, Casaretto es identificado como uno de los dirigentes cercanos al ex titular de Aduana. Fuentes partidarias sostienen además que integrantes del equipo que trabaja la comunicación de Michel participan también en el manejo de la comunicación digital de Casaretto.
La paradoja que deja la causa ATER es difícil de ignorar.
El hombre que en 2014 apareció como denunciante del fraude es ahora denunciado por una de las mujeres condenadas por aquel mismo fraude.
Martínez de Yankelevich sostiene que quienes ejecutaban las compensaciones no podían hacerlo solos y decidió señalar hacia arriba.
Después de doce años de investigación y apenas días después de las condenas, el expediente vuelve así a abrir una pregunta que la Justicia todavía no respondió:
¿el fraude de ATER terminaba en quienes cargaban las compensaciones truchas o llegaba hasta los despachos de quienes conducían el organismo?