martes, 13 de octubre de 2026
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Una ex funcionaria de ATER condenada por el fraude de las compensaciones impositivas denunció penalmente a Marcelo Casaretto y a otros ex directores del organismo, y aseguró que la maniobra no podía haberse realizado sin conocimiento de la conducción. La presentación vuelve a sacudir al peronismo entrerriano y suma un nuevo capítulo judicial a una serie de causas que ya alcanzaron a Urribarri, Kueider, Bahl y Bordet.
La investigación por alimentos oficiales vendidos en supermercados reactivó la polémica por el manejo de la asistencia social durante la gestión de Gustavo Bordet. El caso ocurrió en 2019, cuando Laura Stratta estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social, y derivó en allanamientos en los que se secuestraron más de 2.000 paquetes de azúcar con la leyenda “prohibida su comercialización” borrada o alterada.
El PJ entrerriano llega fragmentado al nuevo escenario político, con al menos cuatro sectores en disputa por el liderazgo interno y la proyección hacia 2027. En ese contexto, el desembarco de Axel Kicillof en la provincia reordenó tensiones, aceleró posicionamientos y volvió a poner en discusión quién conducirá al peronismo en la carrera por la Gobernación.
La causa por presuntas irregularidades en los contratos de la Legislatura entrerriana sigue avanzando con nuevas medidas de prueba y mantiene bajo la lupa judicial a Sergio Urribarri, Adán Bahl y Eduardo Lauritto. El expediente, todavía en trámite, vuelve a tener impacto político por el peso de los dirigentes involucrados dentro del peronismo provincial.
Dirigentes del PJ que hoy rechazan la reforma previsional impulsada por Rogelio Frigerio acompañaron en 2017 cambios jubilatorios a nivel nacional y, durante la gestión de Gustavo Bordet, admitieron que la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos necesitaba una reforma estructural. El debate volvió a exponer el contraste entre lo que el peronismo sostenía cuando era gobierno y lo que plantea ahora desde la oposición.
El bloque peronista presentó un despacho de minoría sobre la reforma previsional que subía en cinco años la edad jubilatoria docente, incluso por encima de la propuesta del oficialismo. Tras la difusión del texto y las críticas que generó, los senadores dieron marcha atrás y modificaron de urgencia los artículos más controvertidos.