Delta
Claves
- El proyecto de Rogelio Frigerio implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos.
- En primer lugar, advertimos que las medidas propuestas trasladan el costo del déficit a quienes menos margen tienen para afrontarlo.
- Se propone aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo sin estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido.
Documento completo: El Partido Justicialista, junto a los bloques de senadores y diputados provinciales y la Liga de Intendentes, expresan su preocupación por el proyecto de reforma del sistema previsional que el Poder Ejecutivo ingresará formalmente a la Legislatura esta semana. El proyecto de Rogelio Frigerio implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos.
En primer lugar, advertimos que las medidas propuestas trasladan el costo del déficit a quienes menos margen tienen para afrontarlo. Se propone aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo sin estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido. Esto impacta directamente en los trabajadores activos de hoy, que verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, y en los jubilados actuales, cuyos ingresos ya vienen perdiendo frente a la inflación.
Además, el proyecto consolida una interpretación equivocada del sistema: pretende hacer creer que el problema son los haberes, cuando en realidad el deterioro proviene de salarios activos deprimidos. En este contexto, cualquier modificación terminará profundizando la pérdida de ingresos de toda la cadena previsional. Con esta reforma, el 82% móvil deja de ser una garantía real.
Al modificarse las condiciones de cálculo y extenderse los períodos considerados, junto con la falta de reglas claras de actualización, el resultado concreto será una reducción del haber inicial y de su evolución en el tiempo. Esto implica que los futuros jubilados cobrarán menos en relación a su salario en actividad, rompiendo uno de los principios históricos del sistema previsional. El proyecto tampoco garantiza un mecanismo claro y justo de actualización.
Al vincular la movilidad a variables como paritarias que vienen sistemáticamente por debajo de la inflación, se consolida un esquema donde los haberes pierden poder adquisitivo. Esto afecta tanto a jubilados como a activos, ya que deteriora progresivamente toda la estructura del sistema.
El proyecto establece la edad jubilatoria en 68 años para los nuevos afiliados, la más alta del sistema público argentino, sin ningún estudio previo sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público provincial. Además, al unificar la edad de retiro en 65 años para el personal actual y en 68 para los ingresantes, se ignoran las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres.
Esta equiparación es carga desproporcionada para las trabajadoras, quienes enfrentan un aumento de hasta ocho años en su edad de jubilación, en comparación con cinco años de los varones. Los municipios también serán directamente perjudicados. El aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de que estas sean modificadas discrecionalmente implica más presión financiera sobre los gobiernos locales, comprometiendo su funcionamiento y la prestación de servicios esenciales.
Uno de los aspectos más graves del proyecto es la enorme discrecionalidad que se le otorga al Poder Ejecutivo. Se lo faculta a modificar aportes, contribuciones y condiciones del sistema sin límites claros, incluso por fuera del debate legislativo. Esto incluye la posibilidad de alterar porcentajes, bases de cálculo y cargas sobre trabajadores y municipios. Estamos frente a una delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura.
La llamada “emergencia” se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto, lo que constituye un grave antecedente institucional. Daremos todo el debate que sea necesario al proyecto de ley, al que recién tuvimos acceso para poder analizarlo, en las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda a los que deberá ser girado por el Pleno de la Cámara. Convocaremos a representantes de activos y pasivos, y también a los gobiernos municipales.
Defenderemos el 82% móvil real y efectivo. Rechazamos cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos. No aceptamos que se traslade el costo del sistema a los municipios. Necesitamos reglas claras de actualización que protejan el poder adquisitivo. Nos oponemos a la delegación de facultades que concentran poder en el Ejecutivo.
Es el momento de convocar a un debate serio, con datos, con transparencia y con responsabilidad política, para garantizar un sistema sostenible sin afectar a quienes sostienen y dependen de él. Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos.