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Claves
- El gobernador Rogelio Frigerio puso en claro sus intenciones en los estudios de Radio La Voz al exigir que la Justicia devuelva los fondos sustraídos por la corrupción en lugar de conformarse con acuerdos menores.
- «Me interesa mucho más que le devuelvan la plata a la gente… quiero recuperar esos recursos», disparó el mandatario.
- Ante la firme postura del Ejecutivo, la Fiscalía de Estado se verá obligada a avanzar civilmente contra los exministros para que respondan con sus patrimonios personales por el millonario remanente faltante.
El gobernador Rogelio Frigerio puso en claro sus intenciones en los estudios de Radio La Voz al exigir que la Justicia devuelva los fondos sustraídos por la corrupción en lugar de conformarse con acuerdos menores. «Me interesa mucho más que le devuelvan la plata a la gente… quiero recuperar esos recursos», disparó el mandatario.
Su fuerte posicionamiento coincide con el debate en Tribunales por el escandaloso desvío en el programa Jóvenes Emprendedores, un mecanismo de «Créditos Truchos» que este Portal denunció penalmente antes que nadie de forma pionera. Mientras un polémico pacto judicial pretende cerrar la causa penal cobrando apenas 100 millones de pesos, la auditoría real demuestra que el saqueo ronda los 4.000 millones de pesos bajo las gestiones ministeriales de Laura Stratta y Juan José Bahillo.
Ante la firme postura del Ejecutivo, la Fiscalía de Estado se verá obligada a avanzar civilmente contra los exministros para que respondan con sus patrimonios personales por el millonario remanente faltante. La pulseada por el dinero público de los entrerrianos entró en una etapa de definiciones cruzadas.
Mientras el fuero penal tramita a contrarreloj un juicio abreviado que parece diseñado para consagrar la impunidad de las cúpulas, el gobernador Rogelio Frigerio marcó la cancha y fijó una doctrina clara: el Estado provincial va por la restitución total del daño patrimonial y no por migajas. El mensaje del mandatario llega en un momento bisagra.
El juez Mauricio Mayer debe resolver si convalida el cuestionado acuerdo alcanzado entre el fiscal Gonzalo Badano y los exfuncionarios Pedro Fernando Gebhart, Cristian Silvestre Klein, Claudio Alberto Rosas Vico y el reclutador Alejandro Usatinsky. Los acusados admitieron su culpabilidad en el delito de peculado, pero a cambio pactaron una pena de prisión condicional de tres años y una devolución de $100.886.792; una cifra estática, desactualizada e insignificante frente a la magnitud del fraude.
La maniobra bajo la lupa judicial consistió en simular la entrega de 314 financiamientos falsos del programa Jóvenes Emprendedores, utilizando las identidades de ciudadanos vulnerables que jamás vieron un peso, calcando el histórico modus operandi de los contratos del Palacio Legislativo. Sin embargo, el acuerdo penal express apenas cubre la punta del iceberg que la fiscalía auditó de apuro.
Las investigaciones del Tribunal de Cuentas, comandadas por la fiscal Nanci Vinagre, y las recientes revisiones del Ministerio de Desarrollo Social exponen un entramado mucho mayor de carpetas irregulares. El perjuicio real para las arcas públicas provinciales supera holgadamente los 3.000 millones de pesos y araña los 4.000 millones. Limitar la reparación a 100 millones de pesos evidencia una conveniencia política para evitar que el expediente escale en la estructura estatal.
El desfalco continuo se perpetró entre 2018 y 2023, bajo la órbita de las carteras de Desarrollo Social y Producción, conducidas en forma absoluta por Laura Stratta y Juan José Bahillo. Debido a la responsabilidad piramidal que rige en la administración pública, la omisión flagrante en el control del gasto convierte a los actuales diputados provinciales en deudores directos del patrimonio entrerriano.
Este intento de blindaje imita el antecedente del caso «Subsidios Truchos», donde el imputado Ignacio Oñativia se autoincriminó en soledad para desligar a Stratta a cambio de una condena menor y el pago de una suma irrisoria de 300 mil pesos en cuotas. Ante este panorama, Frigerio fue contundente en el aire de Radio La Voz: “Fijate lo que pasó con el Ministerio de Desarrollo Económico, con los préstamos falsos que se generaban para emprendedores que al final iban a los bolsillos de los funcionarios.
La Justicia tiene la obligación de investigar. No estoy dispuesto a judicializar la política, como tampoco politizo la Justicia. Exijo que la Justicia se ocupe y llegue hasta las últimas circunstancias. Me interesa mucho más que le devuelvan la plata a la gente que lo que hacen con los delincuentes; quiero recuperar esos recursos de los contribuyentes porque los necesito.
La Justicia se tiene que ocupar de encontrar esa plata que se robaron, que es muchísimo más que lo que sale ahora en la causa que le exigen que devuelvan”. “No sé quién es responsable, hasta qué instancia de Gobierno hay responsabilidades en este como en todos los casos de corrupción que han salido a la luz de esos años, pero claramente hay una responsabilidad política, no se pueden hacer los sonsos”.
La contundencia de las declaraciones de Rogelio Frigerio en los micrófonos radiales va mucho más allá de una simple declaración de principios; representa un misil institucional dirigido directamente a la línea de flotación del acuerdo exprés que el fuero penal pretende homologar.
Al poner el foco en que el desfalco real es muchísimo más grande que lo que se fijó en la causa, el gobernador valida la hipótesis que este Portal sostiene desde el primer día: el juicio abreviado por 100 millones de pesos es una cifra irrisoria que funciona como un tapón judicial para blindar a las cúpulas del poder político.
Al hablar abiertamente de «préstamos falsos» que terminaban en los «bolsillos de los funcionarios«, el mandatario provincial ratifica la matriz delictiva y el modus operandi del saqueo perpetrado bajo las gestiones ministeriales de Laura Stratta y Juan José Bahillo.
La frase desnuda la miopía voluntaria de una parte de la Justicia que pretende conformarse con un vuelto, cerrando la investigación penal de manera apresurada para evitar que el expediente escale hacia los máximos responsables políticos de las carteras de Desarrollo Social y Producción. La advertencia de Frigerio respecto a que «necesita recuperar esos recursos» saca el debate de la discusión meramente penal y lo traslada al plano del perjuicio patrimonial del Estado entrerriano.
Con una brecha sideral que araña los 4.000 millones de pesos en términos reales, la afirmación del gobernador le quita cualquier tipo de blindaje a los exministros y le marca la cancha de manera directa a la Fiscalía de Estado comandada por Julio Rodríguez Signes. Si el juez interviniente, Mauricio Mayer, decide homologar el polémico pacto de los 100 millones sin exigir que se profundice la investigación, la vía civil quedará habilitada de forma inmediata.
Ante el reclumo público del propio jefe del Ejecutivo, la Fiscalía de Estado (Julio Rodríguez Signes)tendrá la obligación legal ineludible de demandar a Stratta y a Bahillo para que respondan con sus patrimonios personales por el millonario remanente faltante, terminando de una vez por todas con la vieja costumbre de cortar el hilo por el eslabón más débil.