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Claves
- De la redacción de INFORME DIGITAL La reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio abrió una fuerte fractura sindical en Entre Ríos.
- La tensión quedó expuesta en las últimas horas, luego de que el Ejecutivo enviara finalmente el proyecto a la Legislatura provincial.
- Detrás de la disputa aparece una discusión mucho más profunda: cómo sostener la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos en medio del déficit creciente sin detonar un conflicto político y social de gran escala.
De la redacción de INFORME DIGITAL La reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio abrió una fuerte fractura sindical en Entre Ríos. Mientras algunos gremios estatales y docentes aceptaron sentarse a negociar y reconocieron cambios incorporados al proyecto oficial, otros sectores endurecieron protestas, marchas y paros contra una iniciativa que consideran “un ajuste” sobre jubilados y trabajadores.
La tensión quedó expuesta en las últimas horas, luego de que el Ejecutivo enviara finalmente el proyecto a la Legislatura provincial. El oficialismo consiguió respaldo parcial de UPCN, Suoyem y UDA, pero enfrente quedó consolidado otro bloque sindical encabezado por AGMER, ATE y la Multisectorial en Defensa de la Caja, que ya anticipó movilizaciones y presión sobre diputados y senadores.
Detrás de la disputa aparece una discusión mucho más profunda: cómo sostener la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos en medio del déficit creciente sin detonar un conflicto político y social de gran escala. Las señales más favorables para la Casa Gris llegaron desde UPCN, el sindicato estatal con mayor peso territorial en la provincia.
La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, reconoció que el gobierno “tomó algunos de nuestros aportes” y valoró la apertura de una instancia de diálogo que permitió modificar aspectos sensibles del proyecto. Uno de los principales cambios fue la reducción de 30 a 20 años del período que se tomará para calcular el haber inicial jubilatorio. “Lo logramos en la discusión”, sostuvo la dirigente, aunque aclaró que seguirán reclamando que se mantenga el esquema actual.
UPCN también avaló el criterio de mayores aportes para trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos y defendió el mecanismo de movilidad jubilatoria finalmente incluido en el texto, que quedó vinculado a parámetros salariales provinciales y no al índice nacional de Anses.
En una línea similar se expresó Fernando García, del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), quien admitió que inicialmente el gremio tenía una posición “bastante negativa”, aunque luego destacó la posibilidad de participar de las negociaciones. García valoró especialmente que el aumento gradual de años de servicio de 30 a 35 no se aplique de inmediato sino recién después de cinco años de vigencia de la ley. “Eso fue una pelea”, reconoció.
Desde el sector docente, la conducción de UDA también respaldó el espíritu general de la reforma. La secretaria general Mirta Raya sostuvo que la prioridad debe ser “sostener el 82 por ciento móvil” y garantizar “la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”.
En el otro extremo quedaron AGMER y ATE, que desde hace semanas encabezan protestas y actividades públicas contra el proyecto previsional.AGMER llevó incluso el rechazo a la Cámara de Diputados provincial, donde dirigentes y militantes desplegaron carteles con la consigna “No a la reforma previsional”. El sindicato advirtió que la iniciativa “terminará con el sistema jubilatorio solidario y de reparto”.
El gremio docente también vinculó la discusión previsional con el conflicto salarial y ratificó medidas de fuerza. El secretario general de AGMER, Abel Antivero, sostuvo que el paro docente tuvo como eje “la resistencia a la reforma previsional”. ATE, por su parte, viene cuestionando el corazón del proyecto oficial y rechaza especialmente el cambio en el cálculo del haber inicial y las modificaciones sobre movilidad jubilatoria.
La resistencia sindical se organizó además a través de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, integrada por AGMER, ATE, APS, SADOP, AJER, AMET y organizaciones de jubilados. En las últimas semanas realizaron concentraciones frente a la Caja, movilizaciones callejeras y actos con fuertes críticas a Frigerio y también a UPCN por participar de las negociaciones.
El Gobierno provincial intentará ahora trasladar la discusión al terreno legislativo, donde buscará aprobar una reforma considerada estratégica para el ordenamiento fiscal de Entre Ríos. La iniciativa mantiene el 82 por ciento móvil, establece cambios graduales en edad jubilatoria y años de aportes, incorpora aportes extraordinarios para salarios altos y declara la emergencia previsional.
En Casa Gris creen que haber conseguido diálogo con parte de los gremios les permite llegar al debate parlamentario con un escenario menos explosivo que el esperado hace apenas semanas. Pero el conflicto está lejos de cerrarse. AGMER ya anunció que continuará recorriendo la provincia para frenar la reforma y la Multisectorial promete sostener el plan de lucha mientras avance el tratamiento legislativo.
Frigerio enfrenta ahora el tramo más delicado de una reforma que puede redefinir no sólo el futuro de la Caja de Jubilaciones sino también el vínculo político de su gestión con el sindicalismo entrerriano.