sábado, 30 de mayo de 2026
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Entre Rios

Furlán pidió anular la intervención a la UOM y la llevó a la Justicia - Informe Digital

El gremio cuestionó el fallo de la Cámara del Trabajo y sostuvo que viola su estatuto y la autonomía sindical.

Publicado Por Informe DigitalLectura 3 min
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Claves

  • La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó un recurso ante la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para pedir la nulidad de la intervención judicial dispuesta el 22 de mayo por 180 días.
  • El planteo busca frenar una medida que, según el sindicato, desconoce su estatuto y avanza sobre la autonomía gremial.
  • La presentación fue impulsada por Daniel Daporta, secretario adjunto de la UOM y delegado administrador designado por el Consejo Directivo.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó un recurso ante la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para pedir la nulidad de la intervención judicial dispuesta el 22 de mayo por 180 días. El planteo busca frenar una medida que, según el sindicato, desconoce su estatuto y avanza sobre la autonomía gremial. La presentación fue impulsada por Daniel Daporta, secretario adjunto de la UOM y delegado administrador designado por el Consejo Directivo.

El gremio sostiene que el fallo de los camaristas Víctor Pesino y María Dora González omitió mecanismos internos previstos para resolver una acefalía y que, por eso, incurre en un “error grosero”. Según el planteo, el estatuto de la organización contempla la designación de delegados administradores tanto para las seccionales como para el Secretariado Nacional. La UOM afirma que esa vía ya está en marcha y que, por lo tanto, la intervención externa resulta improcedente.

El martes pasado, el Consejo Directivo resolvió la Resolución Nº 5/2026 y designó delegados para normalizar la entidad. En esa línea, el sindicato insiste en que el Consejo Directivo no está intervenido y que la salida institucional debe surgir de sus propios órganos. El gremio también cuestionó que la sentencia se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su presentación, citó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y el “caso García” de 2023, al que atribuye un límite a las facultades de intervención sobre los sindicatos y una ratificación de la autonomía sindical prevista en el Convenio 87 de la OIT. Otro de los argumentos es procesal: la UOM señaló que al momento del fallo todavía no estaba firme la resolución que rechazó la recusación contra dos jueces del tribunal. Para el gremio, eso afectó el derecho al juez natural y el debido proceso.

Además, dejó planteada la reserva del caso federal y anticipó que agotará las vías legales para revertir la intervención. Hace tres días, en paralelo, el Consejo Directivo rechazó la medida judicial, puso en marcha la normalización estatutaria y declaró el estado de alerta y movilización en todo el país. En ese marco, se designó a Daniel Daporta como delegado administrador y a Emiliano Gallo para la seccional Zárate-Campana.

La decisión se tomó mientras en la sede central de la UOM, en Alsina al 400, se realizaba un abrazo en respaldo a Abel Furlán y al resto del secretariado desplazado tras la anulación de los comicios en esa seccional. La protesta reunió a dirigentes de distintos gremios, con fuerte presencia del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), además de referentes de las dos CTA, ATE, Aceiteros, Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, la Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.

Aunque la CGT no llevó una columna propia, estuvo el cotitular cegetista Octavio Argüello, junto a dirigentes como Hugo “Cachorro” Godoy, Sergio Palazzo, Roberto Baradel, Claudio Marín, Clara Chevallier y Pablo Biró. También participó Horacio Otero, uno de los referentes de la normalización de las regionales de la central obrera. Furlán acusó a los jueces que ordenaron la intervención de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto con el Gobierno por la política de “desindustrialización”.

En una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, sostuvo además que detrás del fallo hay una intromisión política para presionar al sindicalismo.