Lo que ARCA muestra y lo que esconde: una radiografía fiscal y aduanera de Entre Ríos | Análisis

A raíz de un pedido de información solicitado por ANÁLISIS, ahora se sabe cuánto recauda la Nación en Entre Ríos, a quiénes beneficia con desgravaciones, qué controla en la frontera y qué causas penales impulsa. El primer dato que entrega la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es el volumen de impuestos nacionales recaudados según el domicilio fiscal de los responsables radicados en Entre Ríos.

La progresión, en valores nominales, parece vertiginosa: 123.086 millones de pesos en 2022, 271.516 millones en 2023, 856.156 millones en 2024 y 805.896 millones en 2025. En cuatro años la cifra se multiplicó por más de seis, un crecimiento del orden del 555 por ciento. Pero ese número, leído sin más, engaña. En el mismo período la inflación argentina acumuló varios cientos por ciento, de modo que el aumento nominal esconde una caída real.

Trasladados a pesos de poder adquisitivo constante, los impuestos recaudados en la provincia retrocedieron alrededor de un cincuenta por ciento entre 2022 y 2025. Vale subrayar que la solicitud pedía expresamente los valores en moneda nominal y constante; ARCA solo remitió los primeros. La conversión a valores reales es, por lo tanto, un cálculo propio, pero el sentido es inequívoco: la masa tributaria entrerriana, descontada la inflación, vale hoy la mitad que hace tres años.

La participación de Entre Ríos en el total nacional confirma el cuadro. La provincia aportó el 0,90 por ciento de la recaudación impositiva del país en 2022; el 0,87 en 2023; el 0,91 en 2024 y apenas el 0,65 por ciento en 2025. Es decir que, mientras la recaudación nacional creció el último año, la entrerriana se contrajo en términos nominales, algo difícil de explicar en un contexto inflacionario.

El desplome se concentra en una sola línea de las planillas: el rubro Otros, que reúne gravámenes residuales, cayó de 144.104 millones de pesos en 2024 a 6.916 millones en 2025, una baja del 95 por ciento. Todo indica que se trata de una reclasificación contable antes que de un derrumbe genuino de la actividad, pero ARCA no aporta una sola línea de explicación. Detrás de los totales, la composición del tributo dibuja la estructura económica provincial.

En 2025 el IVA aportó 337.611 millones de pesos y el impuesto a las Ganancias 292.019 millones; entre ambos explican casi el ochenta por ciento de lo recaudado. Bienes Personales sumó 14.740 millones y los impuestos aduaneros 121.261 millones. El rubro que más creció fue el Monotributo, que pasó de 1.333 millones en 2022 a 22.616 millones en 2025, un salto que en buena medida refleja la actualización de las categorías más que un aumento de inscriptos, ya que solo entre 2024 y 2025 se triplicó.

El comercio exterior, según los recursos aduaneros recaudados por las aduanas con asiento en la provincia, muestra una participación todavía más exigua: entre el 0,34 y el 0,46 por ciento del total nacional. En 2025 esos recursos sumaron 52.676 millones de pesos, de los cuales 27.766 millones correspondieron a derechos de exportación, un monto que incluso retrocedió frente a los 33.401 millones del año anterior, en sintonía con la baja de retenciones dispuesta por el gobierno nacional.

La recaudación de la seguridad social, en cambio, mantuvo una participación más estable, en torno al 1,3 y el 1,5 por ciento del total país, con 828.655 millones de pesos en 2025 entre aportes y contribuciones de empleadores entrerrianos. El secreto fiscal como muralla Si las cifras de recaudación llegaron completas, los beneficios fiscales chocaron contra un muro.

ANÁLISIS había pedido la nómina de empresas entrerrianas favorecidas con regímenes de promoción, exenciones, reintegros, certificados de crédito fiscal y devoluciones anticipadas, con el monto de cada beneficio y la norma que lo respalda. ARCA respondió que toda esa información está alcanzada por el secreto fiscal que consagra el artículo 101 de la Ley 11.683 y por la ley de protección de datos personales.

Bajo ese paraguas quedaron los certificados de IVA del régimen de grandes inversiones, los recuperos de IVA por exportación y los beneficios aduaneros. El organismo solo admitió que pueden consultarse en su página web los certificados de exención y de no retención, pero aclaró que esa información no está clasificada por provincia y que no está obligado a procesarla.

En el plano de las grandes inversiones, ARCA aportó un dato concreto: al 21 de mayo de 2026 no existe ninguna empresa radicada en Entre Ríos con adhesión aprobada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el célebre RIGI impulsado por la Ley 27.742. Ninguna. Pese al despliegue discursivo oficial sobre el blindaje de beneficios para atraer capitales, la provincia no figura todavía con un solo proyecto autorizado. La negativa más discutible aparece en los beneficios aduaneros.

ARCA se escudó en la confidencialidad para no informar qué exportadores recibieron reintegros y reembolsos. Sin embargo, el propio organismo citó en su respuesta un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 23 de octubre de 2025, en la causa que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia le inició a la entonces AFIP.

Allí el máximo tribunal sostuvo que la información sobre la identidad de los exportadores y los montos que obtuvieron en concepto de reembolsos adicionales a la exportación no está comprendida en el secreto fiscal. Es decir que ARCA invocó como argumento un precedente que, en su núcleo, apunta en sentido contrario a su negativa. La tensión queda planteada y abre la puerta a un reclamo.

El listado de los principales contribuyentes provinciales, aun en formato anonimizado por sector, también fue rechazado: el organismo alegó que reconstruirlo permitiría deducir de qué empresas se trata y que, además, no está obligado a procesar datos que no tiene en un reporte predeterminado.

El mismo argumento, el artículo 5 de la Ley 27.275, sirvió para denegar la cantidad histórica de monotributistas por categoría en fechas testigo y los resultados del régimen de información de comercializadores y transportistas de combustibles. En la práctica, cada vez que la respuesta exigía un cruce de datos, la respuesta fue que el organismo no produce información a medida. La frontera: secuestros y denuncias El capítulo aduanero es, quizás, el más revelador.

ARCA remitió una planilla con 599 operativos realizados por sus áreas de control en pasos fronterizos y puntos de la provincia entre 2022 y los primeros meses de 2026. El reparto por aduana confirma dónde late el problema: Gualeguaychú concentró 300 procedimientos, Concordia 135 y Colón 130, mientras Concepción del Uruguay sumó 19 y Paraná apenas 12. El río Uruguay, frontera natural con la República Oriental, es el corredor caliente. Ahora bien, la enorme mayoría de esos operativos no derivó en una causa penal.

De los 599 registros, solo 19 fueron acompañados de denuncia penal desde Aduana. El resto, 537 casos, quedó encuadrado como simple transgresión a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias, la figura administrativa más leve del Código Aduanero, reservada al hormigueo de mercadería que cruza el puente para reventa. Es la fotografía de un control volcado al menudeo y casi inerme frente al delito mayor. Esa desproporción se vuelve inquietante cuando se miran los estupefacientes.

La planilla registra secuestros de cocaína de gran porte: 31,3 kilos en Colón y dos cargamentos de 56,6 y 77,6 kilos en Concordia durante 2022, además de 89,1 kilos de estupefacientes en Concordia y 68,3 kilos de cocaína en Gualeguaychú en 2023, este último valuado en 500 millones de pesos.

Llama la atención que varios de esos hallazgos figuren sin denuncia penal asentada en la casilla correspondiente, una inconsistencia que el organismo debería explicar, ya que el contrabando de estupefacientes constituye un delito federal de instrucción obligatoria. El informe oficial no aclara si las denuncias no fueron realizadas por Gendarmería o Prefectura Naval, siendo que hubo una acción oficial al producirse los hechos. También aparecen secuestros de divisas que merecen seguimiento.

En 2023 la aduana de Colón consignó un procedimiento sobre divisas por más de 70.000 millones de pesos, una cifra tan elevada que sugiere un posible error de carga o un caso extraordinario sin mayor detalle. En 2025 Gualeguaychú secuestró divisas por 50.000 millones y, ya en 2026, Concordia registró un procedimiento por 40.000 dólares estadounidenses. Ninguno de esos casos viene acompañado de información sobre su desenlace judicial.

El punto que la provincia no recibió Uno de los hallazgos más llamativos surge del cruce entre lo que se pidió y lo que se envió. Este medio periodístico había consultado por los operativos aduaneros conjuntos con la Prefectura Naval Argentina sobre el tramo entrerriano del río Paraná-Uruguay. ARCA respondió que esos procedimientos se realizan habitualmente, sobre todo visitas de fondeo a buques y control de precintos de barcazas, y adjuntó una planilla.

Pero al abrir el archivo aparece otra historia: de las decenas de inspecciones detalladas, la abrumadora mayoría corresponde a las aduanas de San Lorenzo y San Nicolás, es decir Santa Fe y el norte bonaerense, con multas pretendidas que en algunos casos superan los mil millones de pesos por químicos, lubricantes y combustibles no declarados a bordo. De toda la planilla, apenas dos registros corresponden a Concepción del Uruguay, el único asiento entrerriano.

En otras palabras, el organismo respondió una pregunta sobre Entre Ríos con datos que, en su casi totalidad, pertenecen a otras jurisdicciones del corredor fluvial. El tramo entrerriano, el que la consulta buscaba iluminar, quedó prácticamente a oscuras. Algo parecido ocurrió con el contrabando de hidrocarburos, sobre el que ANÁLISIS preguntó de manera específica por el corredor de la ruta nacional 14 y la frontera con Uruguay.

ARCA no aportó ningún dato discriminado: fundió esa consulta en la planilla general de operativos, sin individualizar procedimiento alguno por combustibles en ese eje. La pregunta sobre uno de los negocios ilegales más rentables de la región quedó sin respuesta efectiva. Sesenta causas, una sola condena El último gran bloque de la respuesta corresponde a las causas penales en las que ARCA actúa como denunciante o querellante ante la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos.

El organismo informó 60 expedientes iniciados desde el 1 de enero de 2022. La materia tributaria domina con 33 causas, seguida por el contrabando con 19, mientras que las cuestiones previsionales y los delitos comunes suman cuatro cada una. El grueso, 41 expedientes, permanece en trámite; solo 19 están finalizados. El detalle de esos finales es elocuente sobre la eficacia del sistema. De las 60 causas, una sola terminó en condena, dictada mediante juicio abreviado en Concepción del Uruguay.

Otras cinco se cerraron por extinción de la acción tras el pago de la pretensión fiscal, una salida que permite al imputado evitar el proceso poniéndose al día con el Estado. Siete causas fueron archivadas y seis terminaron en sobreseimiento. La geografía judicial replica la del control aduanero: Paraná encabeza con 23 expedientes, seguida por Concepción del Uruguay con 17, Gualeguaychú con 13, Concordia con cinco y Victoria con dos.

Por fuera de estos números, ARCA detalló los operativos de fiscalización tributaria de su Dirección Regional Paraná, que crecieron año a año: 158 en 2022, 156 en 2023, 174 en 2024 y 195 en 2025, con 39 más en lo que iba de 2026 al momento del corte.

También enumeró los convenios vigentes de intercambio de información con organismos provinciales y municipales, todos gratuitos: el más antiguo, de 1992, con la entonces Dirección General de Rentas; los más recientes, con las municipalidades de Concordia, Gualeguaychú y Villa Paranacito, esta última firmada en febrero de 2026, además de un acuerdo con la Caja de Jubilaciones provincial. La respuesta de ARCA confirma una paradoja que recorr...