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Claves
- Según el Gobierno, la medida reglamenta una exigencia constitucional vigente desde 2008 y busca transparentar el acceso al empleo público y profesionalizar la carrera administrativa.
- La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) celebró la publicación del decreto y destacó que el sistema fue trabajado durante casi un año en una mesa técnica con el Gobierno provincial.
- La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, sostuvo que la norma incorpora “conceptos construidos junto al gremio” y valoró la participación sindical en los jurados y en el diseño del sistema de concursos.
La redacción de INFORME DIGITAL El Gobierno de Entre Ríos oficializó el nuevo Reglamento General de Concursos para el ingreso, promociones y jefaturas en la administración pública provincial, una medida que reorganiza el acceso a la planta permanente bajo criterios de mérito e idoneidad y reordena uno de los puntos más sensibles del empleo estatal.
La decisión, firmada por el gobernador Rogelio Frigerio mediante el decreto Nº 1452, vuelve a colocar bajo tensión la relación con los gremios estatales, que reaccionaron de manera opuesta en cuestión de días y reeditan una disputa que ya se expresó en otros debates recientes de la gestión provincial.
El nuevo esquema establece que todo ingreso, promoción o designación en cargos de conducción deberá realizarse mediante concursos públicos, abiertos o cerrados según el caso, con participación de jurados integrados por representantes del Estado, los sindicatos y el ámbito académico. El reglamento también fija criterios de evaluación basados en antecedentes, exámenes y entrevistas, incorpora puntaje por antigüedad para personal temporario y declara nulas las designaciones realizadas sin concurso previo.
Según el Gobierno, la medida reglamenta una exigencia constitucional vigente desde 2008 y busca transparentar el acceso al empleo público y profesionalizar la carrera administrativa. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) celebró la publicación del decreto y destacó que el sistema fue trabajado durante casi un año en una mesa técnica con el Gobierno provincial.
La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, sostuvo que la norma incorpora “conceptos construidos junto al gremio” y valoró la participación sindical en los jurados y en el diseño del sistema de concursos. Si bien señaló que existen aspectos a mejorar, UPCN consideró que el decreto permite jerarquizar la administración pública, garantiza igualdad de oportunidades y debe implementarse de manera gradual, con capacitación para los trabajadores estatales.
Del otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el reglamento y lo calificó como un sistema “humo”, al considerar que no garantiza transparencia ni protege la estabilidad laboral de quienes ya cumplen funciones en el Estado.
El gremio advirtió que el esquema “es el camino para seguir metiendo gente en el Estado y desplazar a trabajadores que hace años vienen cumpliendo funciones”, y cuestionó especialmente el bajo reconocimiento de la antigüedad, con apenas tres puntos adicionales para quienes superen los diez años de servicio.
También objetó que los exámenes sean elaborados por funcionarios sin participación externa y que hasta 20 puntos dependan de entrevistas evaluadas por criterios como “habilidades blandas”, lo que, según ATE, introduce un componente subjetivo en el proceso. El sindicato aclaró que no rechaza el sistema de concursos en sí, sino el diseño del mecanismo, y recordó su histórica defensa del Régimen Jurídico Básico y de un sistema de carrera administrativa con criterios objetivos.
El contrapunto entre ambos gremios vuelve a quedar expuesto en una medida clave de la administración pública: mientras UPCN se ubica como socio técnico del esquema y destaca su participación en la redacción, ATE adopta una posición de confrontación abierta con el Ejecutivo. La diferencia no es nueva.
En los últimos meses, ambas organizaciones ya habían mostrado posturas divergentes frente a la creación de la obra social OSER y la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial, con UPCN más cercano al diálogo institucional y ATE en un rol de rechazo y movilización. El debate actual reabre, además, una discusión de larga data en la provincia sobre el acceso al Estado y el rol de los sindicatos en ese proceso.
El Régimen Jurídico Básico del empleo público, sancionado en 2006 como Ley 9.755, fue una de las principales banderas históricas de ATE y tuvo entre sus impulsores al entonces secretario general del gremio, Edgardo Massarotti.
Aquel proceso derivó en fuertes protestas durante 2007, cuando modificaciones introducidas por la entonces gestión de Jorge Busti fueron rechazadas por el sindicato, que realizó paros y movilizaciones al considerar que se alteraban aspectos centrales de la carrera administrativa y la negociación colectiva. Con el paso del tiempo, la discusión se desplazó hacia la reglamentación y aplicación efectiva de aquella norma.
Dos décadas después, el conflicto vuelve a emerger bajo una nueva administración y con los dos principales gremios estatales ubicados nuevamente en veredas opuestas.