Preocupaciones por la implementación de la Ley de Transparencia Fiscal en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos ha reglamentado la Ley N° 11.232 de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, mediante el Decreto 1121/26 y la Resolución 128. Esta medida establece la obligación de detallar los impuestos provinciales en tickets y facturas, incluyendo el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales. A pesar de que desde el gobierno se presenta esta iniciativa como un avance en la transparencia fiscal, surgen interrogantes sobre su impacto en los consumidores y en el ámbito comercial. La administración asegura que la información será de carácter informativo y no tendrá un único fin recaudatorio, pero es cuestionable si esta medida realmente facilitará la comprensión de los precios por parte de los consumidores o si, por el contrario, generará confusión y descontento. El titular de ATER, Jesús Korell, ha enfatizado que Entre Ríos se posiciona como una de las primeras jurisdicciones en adoptar este régimen. No obstante, es necesario cuestionar si esta notoriedad compensa las complicaciones que podrían derivarse de la implementación de un sistema de etiquetado fiscal que podría volverse arduo para algunos contribuyentes, sobre todo aquellos que no están familiarizados con las normativas fiscales. La normativa establece un plazo de implementación escalonada: 60 días para los grandes contribuyentes y 180 días para el resto. Esta gradualidad sugiere una falta de certeza sobre cómo se adaptarán los sistemas de facturación, lo que podría provocar disrupciones en la actividad comercial. Adicionalmente, la obligatoriedad de incluir alícuotas y valores estimados en las facturas puede generar un costo adicional para los negocios, que tendrán que invertir en la actualización de sus sistemas contables y de facturación, lo que podría amenazar su viabilidad económica, especialmente para los pequeños comerciantes. Si bien el gobierno provincial presentó esta iniciativa como un derecho de los consumidores, es crucial analizar si el objetivo de informar realmente se traduce en beneficios tangibles, o si se convertirá en una carga adicional durante un periodo complicado para la economía. La transparencia fiscal no debería ser un mero eslogan, sino un compromiso con la facilidad y claridad en la interacción comercial.