Utilizar la Justicia para amplificar conflictos políticos y construir agendas de confrontación pre-electoral no fortalece la democracia: la degrada

Por estas horas, a partir de un episodio ocurrido en una actividad pública donde participó José Eduardo Lauritto, se abrió en Concepción del Uruguay una discusión que excede largamente a las personas involucradas. Porque lo verdaderamente importante no es solamente un hecho puntual, sino el clima político y social que algunos sectores intentan instalar. Vivimos una época donde muchas veces la confrontación parece más rentable que la reflexión.

Las redes sociales, la lógica de la polarización permanente y cierta degradación del debate público han instalado la idea de que cualquier diferencia debe transformarse inmediatamente en escándalo, denuncia mediática o conflicto judicial. Ese camino no fortalece a las instituciones. Las erosiona. Quienes tenemos responsabilidades públicas sabemos que la política implica tensión, discusión y desacuerdos. Eso forma parte natural de la democracia.

Pero también sabemos que existe una diferencia enorme entre una controversia política genuina y la utilización de mecanismos institucionales para construir operaciones de desgaste político o personal. La Justicia no puede transformarse en un escenario de operaciones políticas ni en un mecanismo para mediatizar conflictos sin sustento.

Mucho menos pueden banalizarse herramientas fundamentales vinculadas a la protección frente a situaciones de violencia de género o cualquier otro sistema de tutela de derechos, utilizándolos únicamente para obtener impacto mediático circunstancial. Cada denuncia exige seriedad, prudencia y responsabilidad. Cuando se recurre a la Justicia debe hacerse con pruebas concretas, objetivas y verificables, permitiendo que las instituciones actúen con independencia y conforme a derecho.

Lo digo además desde una experiencia personal reciente y concreta. Días atrás me tocó realizar una denuncia penal luego de recibir mensajes intimidatorios vinculados a mi actividad pública. Sí, me amenazaron, y es real. La presentación fue acompañada de pruebas objetivas y verificables, poniendo incluso a disposición mi teléfono celular para colaborar plenamente con la investigación judicial. Esa diferencia no es menor.

También corresponde valorar el enorme trabajo cotidiano que realizan empleados judiciales, fiscales, defensores y jueces. Detrás de cada actuación existe tiempo, recursos públicos y esfuerzo humano orientados muchas veces a situaciones verdaderamente graves: violencia real, delitos complejos, vulneraciones de derechos y conflictos humanos profundos.

Utilizar irresponsablemente esos mecanismos para amplificar disputas políticas termina afectando la credibilidad social de herramientas que fueron creadas para proteger a quienes realmente las necesitan. En este contexto, resulta importante no perder perspectiva ni caer en simplificaciones apresuradas. José Lauritto posee una extensa trayectoria pública construida durante décadas de vida democrática, marcada por el diálogo político, la convivencia institucional y el respeto incluso hacia quienes piensan distinto.

Se puede coincidir o disentir con sus posiciones, pero sería intelectualmente deshonesto desconocer que su conducta pública siempre estuvo asociada a la búsqueda de consensos y a la preservación de la armonía social de nuestra comunidad. Por eso preocupa cuando determinados episodios parecen responder más a una lógica de operación política que a una verdadera búsqueda de esclarecimiento institucional.

Y preocupa todavía más cuando esas construcciones aparecen impulsadas desde sectores externos a la realidad cotidiana de nuestra ciudad, intentando instalar desde Paraná una agenda de confrontación permanente que claramente comienza a mostrar objetivos y especulaciones de carácter pre-electoral. Porque detrás de muchas de estas maniobras no existe solamente la intención de denunciar un hecho.

Lo que muchas veces se busca es construir artificialmente escenarios de tensión política, instalar sospechas mediáticas y erosionar dirigentes o espacios mediante mecanismos de amplificación pública, utilizando para ello a la Justicia como herramienta de impacto político y comunicacional.

Nuestra ciudad ha logrado preservar durante muchos años una convivencia política razonable, donde las diferencias no impidieron construir acuerdos básicos ni sostener respeto personal e institucional entre dirigentes de distintos espacios. Ese capital social vale mucho más de lo que a veces creemos. Y debemos cuidarlo entre todos. La política necesita menos operaciones y más responsabilidad pública. Menos espectacularización del conflicto y más verdad. Menos agresión permanente y más convivencia democrática.

Porque defender esos valores no es defender a una persona. Es defender una manera de entender la democracia y de amar a nuestra ciudad. Juan Martín Garay Abogado y Concejal C. del Uruguay