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La polémica por el llamado “plan retirada” en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo. A casi tres años de las denuncias por designaciones de último momento durante la gestión de Gustavo Bordet, el gobierno de Rogelio Frigerio avanzó con una medida que apunta al corazón de una práctica histórica en la provincia: el ingreso discrecional al Estado.
El gobernador firmó el Decreto Nº 1452, que aprueba el Reglamento General de Concursos para el ingreso a la planta permanente, las promociones internas y la asignación de jefaturas en la Administración Pública Provincial. La decisión establece que toda designación sin concurso previo será nula y podrá ser revisada de oficio por el Poder Ejecutivo.
En la Casa Gris presentan la medida como un cambio de época. La lectura política es más directa: después de denunciar nombramientos irregulares en la salida del gobierno peronista, Frigerio busca transformar aquel caso en una bandera de gestión y dejar escrito un nuevo límite para las futuras transiciones.
La controversia había estallado en octubre de 2023, en la antesala del recambio de gobierno, cuando se conoció que en un año se habían acumulado más de 50 designaciones en el Estado provincial. En esa lista aparecían familiares de dirigentes, exfuncionarios y legisladores que estaban próximos a terminar sus mandatos.
Ya en el poder, la nueva administración puso bajo revisión los pases a planta, recategorizaciones y transferencias de cargos realizadas durante el tramo final de la gestión Bordet. En ese proceso se detectaron expedientes cuestionados en distintos organismos del Ejecutivo, entes autárquicos y dependencias provinciales.
Uno de los casos que volvió a encender la discusión fue la revocación de ocho pases a planta vinculados al Decreto Nº 4921/22 del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Según la revisión oficial, esas designaciones habían sido tramitadas bajo una carátula que hacía referencia a la Municipalidad de San Justo y a comunas y juntas de gobierno, pero en los hechos implicaban incorporaciones a la planta permanente provincial.
El gobierno sostuvo además que algunas de las personas beneficiadas revistaban como funcionarios políticos y que no habrían cumplido funciones efectivas en los cargos hasta el cambio de gestión. Ese expediente quedó como ejemplo del mecanismo que la nueva administración dice querer desarmar.
La reglamentación de los concursos llega después de otro movimiento clave: la sanción de la Ley de Transición de Gobierno, que limita las decisiones de una administración saliente y prohíbe designaciones, recategorizaciones y transferencias de cargos durante el último año de mandato. Con esa norma, Entre Ríos busca evitar que el período previo al recambio vuelva a funcionar como una zona gris para ordenar nombramientos, comprometer partidas o condicionar al gobierno entrante.
Ahora, con el nuevo reglamento, la provincia suma un segundo candado. Ya no se trata solo de restringir lo que puede hacer un gobierno en retirada, sino de modificar la regla general para acceder a un cargo estable en el Estado.
El esquema aprobado contempla concursos abiertos para cualquier ciudadano que cumpla los requisitos y concursos cerrados para personal que ya forma parte de la administración, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen. También prevé jurados con representantes del organismo convocante, participación sindical y presencia del ámbito académico universitario.
En el oficialismo sostienen que el objetivo es reemplazar la lógica del acomodo por un sistema basado en mérito, idoneidad y transparencia. En la oposición, en cambio, observan con cautela el alcance real de la medida y advierten que su aplicación dependerá de cómo se implementen los concursos y de qué margen conserve el Ejecutivo para definir estructuras, perfiles y convocatorias.
El tema toca una fibra sensible. En Entre Ríos, como en buena parte del país, el empleo público no es solo una estructura administrativa: también es una herramienta de poder territorial, contención política y construcción de lealtades. Por eso cada pase a planta, cada recategorización y cada nombramiento suele leerse más allá del expediente.
Frigerio intenta instalar que la discusión ya no pasa únicamente por revisar lo que dejó el gobierno anterior, sino por cambiar las reglas hacia adelante. El “plan retirada”, que en 2023 fue una denuncia sobre el final de una gestión, ahora aparece como el argumento político para una reforma más amplia del empleo público provincial.
La prueba estará en la aplicación. Si los concursos se convierten en una regla efectiva, Entre Ríos podría marcar un antecedente en la forma de ordenar el ingreso al Estado. Si quedan atrapados en la lógica de siempre, el nuevo decreto será apenas otro capítulo en una discusión que se repite con cada cambio de gobierno.