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La expulsión de Daniel Rossi y Guillermo Reggiardo del Partido Justicialista de Entre Ríos deja una pregunta difícil de esquivar: ¿fueron sancionados por haber cometido una falta partidaria o por haber denunciado al dirigente más poderoso del peronismo entrerriano?
La explicación formal es conocida. El Congreso Provincial del PJ resolvió expulsarlos argumentando una serie de conductas incompatibles con la vida interna del partido, apelando a conceptos como la lealtad partidaria y la disciplina política. Sin embargo, detrás de esa fundamentación aparece un dato imposible de ignorar: entre los antecedentes utilizados para justificar la sanción figura la denuncia penal que ambos dirigentes presentaron en octubre de 2025 contra Guillermo Michel.
Aquella denuncia no fue menor. Rossi y Reggiardo pidieron que la Justicia investigara presuntas irregularidades vinculadas al financiamiento político durante el proceso electoral de 2023, reclamaron una auditoría sobre las cuentas del PJ entrerriano y solicitaron incluso la intervención del partido. En la presentación también incorporaron declaraciones públicas, publicaciones periodísticas y distintos elementos que, según sostuvieron, justificaban la apertura de una investigación judicial.
La denuncia generó un terremoto político dentro del peronismo provincial porque apuntó directamente contra quien hoy aparece como el principal ordenador político del espacio. Desde entonces, la relación entre Rossi, Reggiardo y la conducción partidaria quedó completamente rota. Lo que vino después fue una escalada de acusaciones cruzadas, disputas internas y un creciente aislamiento de ambos dirigentes dentro de la estructura partidaria.
Por eso resulta difícil separar una cosa de la otra. La conducción del PJ sostiene que las expulsiones responden a conductas incompatibles con la pertenencia al partido. Pero para muchos dirigentes y militantes la secuencia es demasiado evidente: primero llegó la denuncia contra Michel y después llegó la expulsión. No al revés.
La pregunta de fondo es qué mensaje deja esta decisión. Porque si un afiliado puede ser expulsado por denunciar ante la Justicia a otro dirigente partidario, el precedente que se construye es delicado. Las denuncias pueden ser verdaderas o falsas. Pueden terminar archivadas o derivar en condenas. Pero en una democracia las denuncias se responden en los tribunales, no expulsando a quien las presenta.
Quizás por eso las declaraciones recientes de Marcelo Casaretto tuvieron tanta repercusión. El ex diputado nacional cuestionó las expulsiones y advirtió sobre el riesgo de seguir achicando al peronismo entrerriano en un momento donde el principal desafío parece ser reconstruirse y ampliar su representación.
La discusión de fondo ya no es Rossi ni Reggiardo. La discusión es si el peronismo entrerriano está dispuesto a convivir con las diferencias internas o si eligió el camino de expulsar a quienes cuestionan a la conducción. Y en ese debate, más allá de los argumentos formales, muchos ya tienen una conclusión: los echaron por la denuncia.