Una banda de imprudentes

La semana pasada se vieron dos obviedades en el marco del proceso de elevación a juicio de la causa por los supuestos contratos truchos en la Legislatura. La primera fue el pedido de los abogados defensores -no todos- de que se unifique ese legajo con el de contratos II; la segunda fue la decisión de la jueza Marina Barbagelata de rechazar la petición. En la misma audiencia se resolvió solicitud y negativa. Nada de correrle vista a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

Ante la desprolijidad, la magistrada se dignó a otorgarles la palabra. Salvemos por lo menos las formas. La causa que tramita desde 2018 es una de las pesquisas más sencillas en cuanto a la visualización de los culpables. El sistema por el cual se sustrajo ilícitamente algo así como el 40 por ciento del presupuesto de la Legislatura se ha verificado sin inconvenientes.

Pero además nadie duda quiénes son los autores, los roles y las responsabilidades que tuvo cada uno en la asociación ilícita constituída para ese fin. Lo único que faltaba a todo el proceso penal era, precisamente, unificar los dos legajos. Sobre todo si el segundo se sustenta -como esgrimió el Ministerio Público Fiscal- con la prueba del primero. Es una causa infantil si no fuera por el monto del desfalco: 1.111.871.715 pesos –según lo ha determinado una pericia oficial.

La apertura de la segunda parte involucra a quienes presidieron las cámaras y, por lo tanto, a quienes tenían la responsabilidad de ejecutar una contratación. Pero resulta que a los entonces presidentes José Eduardo Lauritto, José Cáceres, Adán Bahl, José Allende y Sergio Urribarri se les imputa el delito de peculado imprudente. Ese legajo pasó a manos del fiscal Gonzalo Badano.

El 28 de mayo de 2022, el ex director administrativo de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, decidió ampliar su testimonio cuando se encontró con operaciones mediáticas que intentaron encubrir a unos y endilgar culpas a otros. Ante los fiscales, dio detalles de quiénes eran los que autorizaron las contrataciones que luego él ejecutaba bajo la orden del presidente del cuerpo.

Declaró Cardoso: “Cada diputado decidía qué persona contratar, qué persona no contratar, decidían los montos, si daban de alta o de baja a algún contratado. Ellos, los diputados, tenían la potestad sobre las personas que contrataban. Todos los contratos eran iguales, con el mismo modelo. Se regían con la misma normativa”. Ese procedimiento rigió -según consta en la pesquisa- durante los 10 años investigados. Elevada imprudencia. ¿A quiénes respondían los imputados en la causa I, como Cardoso?

¿quiénes pedían los contratos, quiénes los autorizaba y quiénes controlaban si había una contraprestación? ¿quiénes recibían el retorno, si es que lo había? Son interesantes estos interrogantes, porque los posibles “imprudentes” se defienden en tribunales con pruebas extraídas del primer legajo, pero los defensores de los imputados no pueden controlar esa prueba.

Con la primitiva actitud de sospechar cuál fue el destino de esos fondos, se podría probar con certeza que se está ante un proceso en el que se pretende avanzar primero con los partícipes y luego los autores, con el riesgo de encontrarnos al final del camino con sentencias contradictorias sobre el mismo perjuicio al Estado. Peor aún, todo bajo el mismo informe contable. Imprudencia verificable. El disparate podría haber sido menor si la causa quedaba en su primer legajo. Dicen que pasaron cosas.

Cuenta la leyenda que en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se dejó trascender que era imposible caerle con todo el peso a los que están imputados.

No es para menos, los roles y responsabilidades en la Legislatura, además del aporte de Cadoso, están muy claros y establecidos en la resolución senatorial 123, de 2008, que establece un procedimiento de contrataciones donde se sostiene que las mismas deben estar “dentro del cupo monetario asignado previamente por Presidencia”, luego “se confecciona el instrumento contractual que es firmado por el contratado y por el solicitante (presidente o senador) y que “es el presidente de la Honorable Cámara de Senadores quien autoriza mediante decreto la contratación, vale decir, el vice gobernador”.

Ese trascendido -si existió- probablemente haya sido el que empujó al Ministerio Público Fiscal a abrir una segunda causa. El salvataje de contratos I podría gozar de cierta razonabilidad si no fuera por el peculado adjudicado a los presidentes de las cámaras. Una imprudencia inaceptable. En el caso de Bahl ya se han presentado testigos. El más importante fue el contador Maximiliano Argento, que lo acompañó en el Senado en la administración y en infraestructura y obra pública en la Municipalidad de Paraná.

La causa de los contratos truchos, en su segunda etapa, es producto de la mala praxis en la primera. Es notorio el silencio de los fiscales de la vida. Notorio es también el agravio a la doctora Cecilia Andrea Goyeneche, que luego de batallar en el Jurado de Enjuiciamiento y en la Corte Suprema, se reincorpore y el recibimiento sea con tamaña imprudencia.